Registros de la persona, taquillas y efectos particulares del trabajador. Control de los elementos informáticos de la empresa y el uso de videovigilancia

espiar-correo-electronicoSe permite el registro de la persona, taquillas y enseres del trabajador, pero sujeto a limitaciones (art. 18, ET 2015).

Dentro de los enseres del trabajador se comprende también su vehículo, que puede ser sometido a registro con las limitaciones del artículo 18, ET 2015 (STS 11-6-90).

Como señala el TS (STS 26-9-07), el artículo 18 ET 2015 atribuye al empresario un control que excede del que deriva de su posición en el contrato de trabajo, quedando fuera del marco del artículo 20 ET 2015. Es un control vinculado a la defensa del patrimonio empresarial o del patrimonio de otros trabajadores de la empresa; y se refiere a bienes que entran dentro de la esfera personal del trabajador -incluida la taquilla que aunque sea un bien mueble de la empresa está cedida en su uso al trabajador-.

Las limitaciones establecidas a los registros en el artículo 18, ET 2015, son las siguientes:

  •  El registro sólo puede realizarse cuando sea necesario para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa.
  • Deberá realizarse dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo.La finalidad de esta limitación está en evitar el secretismo del registro (STSJ Cantabria 26-8-04). Según el TS (STS 26-9-07), la función de estas exigencias no es tanto preservar la intimidad del trabajador, sino limitar una facultad excepcional de la empresa y reducirla al ámbito de la empresa y del tiempo de trabajo.
  • Se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador.
  • Se contará con la asistencia de un representante de los trabajadores o, en su ausencia, de otro trabajador de la empresa, si fuere posible. Esta exigencia no se relaciona con el derecho a la intimidad del trabajador, sino que aparece como una garantía de la objetividad y de la eficacia de la prueba (STS 26-9-07). Exigencia legalmente exigible únicamente en los registros que se realicen con carácter forzoso, no en los que el trabajador acceda voluntariamente a mostrar el contenido (STSJ Cataluña 14-1-2009).

ATENCIÓN Respecto de las limitaciones empresariales en orden al control de la utilización del ordenador facilitado por la empresa, la STS de 26 de septiembre de 2007 y la STS 8-3-2011 han establecido la doctrina siguiente:

1) El control de los medios informáticos facilitados por la empresa a los trabajadores para el desarrollo de su actividad laboral no se rige, ni por analogía, por el artículo 18 ET 2015, sino por el artículo 20.3 ET 2015.

2) El control del ordenador de la empresa utilizado por el trabajador se justifica por el carácter de instrumento de la producción que aquel tiene, por la necesidad de coordinar y garantizar la continuidad de la actividad laboral en los supuestos de ausencias de los trabajadores, por la protección del sistema informático de la empresa y por la prevención de responsabilidades que para la empresa pudieran derivar de algunas formas ilícitas de su uso frente a terceros.

3) Existe un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa; esta tolerancia crea una expectativa de confidencialidad en esos usos que, sin embargo, no puede convertirse en un impedimento permanente del control empresarial.

Por ello, lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado «una expectativa razonable de intimidad».

En definitiva, la medida de control adoptada por la empresa, sin previa advertencia sobre el uso y el control del ordenador, supone una lesión al derecho a la intimidad del trabajador.

Dentro de la protección a la intimidad del trabajador compatible con el control lícito por el empresario de los medios informáticos y de comunicación utilizado se incluyen: las comunicaciones telefónicas, el correo electrónico, los archivos personales del trabajador que se encuentran en el ordenador y los archivos temporales de los lugares visitados a través de Internet.

Asimismo es asimilable el control de la actividad laboral mediante cámaras u otros aparatos de videovigilancia, si bien la doctrina constitucional y jurisprudencia que la desarrolla (STC 292/2000, 30-11-2000; STC 29/2013, 11 feb. y STS, ud, 13-05-2014, rec. 1685/2013) ha venido considerando necesaria la información previa y expresa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad del control de la actividad laboral a la que esa captación podrá ser dirigida; entendiendo que dicha información debía concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que fuera a realizarse: en qué casos las grabaciones podrían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podrían ser utilizadas para la imposición de sanciones por incumplimientos del contrato de trabajo.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 3-03-2016, ha aclarado o perfilado la previa doctrinal constitucional respecto del alcance de la información a facilitar sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa, aceptando que es suficiente la información general: «debemos concluir que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 TRLET, que establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”. Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario».

En el supuesto analizado por dicha sentencia la cámara estaba situada en el lugar donde se desarrollaba la prestación laboral, enfocando directamente a la caja, y en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo exigido por la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, por lo que el trabajador podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas. Y en consecuencia, la referida sentencia del Tribunal Constitucional entiende que se ha cumplido en este caso con la obligación de información previa pues basta a estos efectos con el cumplimiento de los requisitos específicos de información a través del distintivo, de acuerdo con la Instrucción 1/2006. El trabajador conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control. Lo importante será determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato, porque sólo si la finalidad del tratamiento de datos no guarda relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual el empresario estaría obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados.

Tras analizar sentencias dictadas previamente concluye, que la medida de instalación de cámaras de seguridad que controlaban la zona de caja donde la demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si algunos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE.

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