Novedades legislativas: Fomento del trabajo autónomo y Formación profesional

fomento-empleo2-e1426778010646Este mes nos ha traído  la publicación de dos importantes normas:

– Ley 31/2015, 9 sept., por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

– Ley 30/2015, 9 sept., por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

 La Ley 31/2015 modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía social, con intención de mejorar, armonizar y ampliar las ya existentes. A continuación le exponemos los temas más relevantes que agrupa:

  • Nuevos incentivos y bonificaciones en la cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y se mejoran algunos de los ya existentes (art. Primero Ocho):

Se clarifica la cuota a ingresar por el trabajador autónomo en aquellos supuestos en los que durante el inicio de su actividad, se acoja a la denominada «Tarifa Plana para autónomos», al fijarse no como un porcentaje, sino como una cantidad fija y estable, que permita al profesional conocer en todo momento la cuantía a satisfacer, sin hacerla depender de las posibles modificaciones en las bases y los tipos de cotización durante el disfrute de esta medida.

  • Posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, ante determinadas circunstancias que afectan a su actividad profesional y que, en ocasiones, les impide desarrollarla plenamente, puedan contratar un trabajador por cuenta ajena (art. Primero Tres):

En aquellos supuestos en los que la interrupción de la actividad por causas vinculadas a la conciliación de su actividad profesional con su vida familiar pudiese ocasionar la resolución del contrato con su cliente.

Esta nueva posibilidad que se ofrece al Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente será compatible con la protección del trabajador por cuenta ajena contratado.

  • Reconocimiento de las Empresas de Inserción y de los Centros Especiales de Empleo como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General. Este reconocimiento supone que las subvenciones concedidas a estas entidades puedan alcanzar los 500.000 € en un período de tres años cuando hasta la fecha el máximo era de 200.000 € en el mismo periodo de tiempo (art. Tercero).
  • Se extiende la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a las empresas de inserción. Posibilidad de reserva que ya existía para los Centros Especiales de Empleo, respecto de las personas con discapacidad, y que ahora se amplía para que también las empresas de inserción, esta vez en relación a los colectivos referidos en su normativa reguladora, puedan beneficiarse de la misma, ampliando por tanto el marco regulatorio actual en relación a la protección de los colectivos en riesgo de exclusión laboral (art. Cuarto).
  • Se incorporan nuevas actuaciones como la creación de un nuevo incentivo para facilitar el tránsito de los trabajadores desde el empleo protegido a la empresa ordinaria así como otras medidas destinadas a fomentar el impulso y mantenimiento del autoempleo en su vertiente colectiva, como la ampliación de las posibilidades de capitalización de la prestación por desempleo para la participación en sociedades cooperativas o las ayudas a la contratación para la sustitución de socios de dicho tipo de sociedades (art. Tercero. Tres):

Se procede a una modificación de las medidas de fomento del autoempleo a través de la prestación por desempleo: en primer lugar se amplía el colectivo de beneficiarios de trabajadores por cuenta propia de la prestación por desempleo que podrá capitalizar el 100 por cien de su prestación para destinarla a la inversión necesaria para el ejercicio de la actividad, al eliminar la barrera de edad existente hasta la fecha; en segundo lugar, se elimina la barrera de edad existente a la fecha de entrada en vigor de esta ley que impide la compatibilización de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia durante un periodo determinado, y que tiene como finalidad ayudar al profesional al inicio de su actividad, periodo en el que los ingresos suelen ser más reducidos. En ambos casos, además, se adoptan las precauciones necesarias para evitar un uso fraudulento de las medidas. Y, finalmente, se amplía el periodo de suspensión de la prestación por desempleo en aquellos supuestos en los que se realice una actividad por cuenta propia, con el objeto de evitar que la cercanía de la fecha en la que se extinguiría la prestación por desempleo por superar los plazos de suspensión previstos legalmente le condicionen a la hora de mantener su actividad en aquellos casos en los que puedan existir dudas sobre su viabilidad.

Se incorpora la posibilidad de que los trabajadores que se incorporen a sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado de nueva creación puedan acogerse al derecho de cobrar la prestación por desempleo en un pago único para poder incorporarse como socios a dichas entidades, tal y como ya se permite a los parados.

Al mismo tiempo, se matizan algunos aspectos del pago único de la prestación por cese de actividad, que ya no podrán percibir los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales pero sí quienes, cumpliendo todos los requisitos, pretendan realizar una actividad profesional como autónomos o destinar el 100% del importe a una aportación de capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en el plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación.

En concreto, el dinero podrá utilizarse para los gastos de constitución y puesta en funcionamiento, pago de tasas y tributos o pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e información hasta un máximo del 15% del total.

No obstante, quienes tengan intención de seguir esta vía habrán de asegurarse el control efectivo de la empresa y ejercer en ella una actividad profesional como trabajador por cuenta propia, a riesgo de que se considere el abono de la prestación por cese de actividad como pago indebido.

Esta regulación, que elimina el real decreto de 2011 que desarrolla el reglamento de la Ley de Protección por cese de actividad, también quedará incorporada a la norma de Economía Social, aprobada en 2010.

SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

 Ley 30/2015 reproduce, en gran parte, el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, que entró en vigor en marzo de este año y que ya comentamos exhaustivamente.

Nos limitamos a destacar las diferencias entre ambas normas.

  1. Entre los fines del sistema, se añade el de acercar y hacer partícipes a los trabajadores de las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de disminuir la brecha digital existente.
  2. Se incide en la accesibilidad y participación de las personas con discapacidad o especialmente vulnerables en las acciones del sistema de formación profesional para el empleo, estableciéndose que la tele formación deberá realizarse bajo plataformas y contenidos accesibles a ellas.
  3. La colaboración del SEPE con las CCAA y los agentes sociales adquiere el carácter de “coordinación y cooperación”, y se establecen como interlocutores de estos últimos la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, respectivamente.
  4. El escenario plurianual que debe elaborar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, requerirá informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
  5. En cuanto a la financiación del sistema:

– Se introduce la obligación anual del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de elaborar la propuesta de distribución del presupuesto del sistema de formación, sometida a informe del órgano de participación del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

– La parte de los fondos de formación para el empleo fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que deba ser gestionada por el SEPE se aplicará a las acciones e iniciativas formativas que requieran de una actuación coordinada y homogénea, y a las relacionadas con el ejercicio de competencias exclusivas del Estado o que se dirijan a trabajadores inmigrantes en sus países de origen.

– La concesión directa de subvenciones que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas se podrá aplicar a ayudas que permitan conciliar la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores de 6 años o de familiares dependientes.

– A la financiación de formación impartida a través de la red pública de centros de formación se destinará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una partida específica y suficiente, para garantizar una oferta formativa de calidad a trabajadores ocupados y desempleados.

– Los anticipos y/o pagos restantes que deba realizar la Administración previamente a la actividad formativa , se harán efectivos en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la presentación de la documentación requerida, o de doce meses desde la presentación de la justificación final de la actividad (6 cuando se apliquen módulos económicos). Y se introducen límites a tales anticipos.

  1. La norma que desarrolle los módulos económicos (es decir, el coste por participante y hora de formación que podrá financiarse con fondos públicos), establecerá sus límites conforme a criterios objetivos, entre los que deberá estar la diferencia de precios de mercado por razón de la especialidad formativa y el ámbito territorial.
  1. En la formación programada por las empresas, se amplía la duración mínima de las acciones formativas, que pasan de una hora a dos horas.

Tal formación programada podrá aplicarse a los trabajadores de aquellos colectivos que coticen por formación profesional.

Tales acciones formativas programadas deberán guardar relación con la actividad empresarial y las discrepancias empresa-representación legal de los trabajadores deberán constar por escrito y de forma motivada.

  1. Se especifica que, en el caso de grupo de empresas, la formación se podrá organizar de forma independiente por cada una o agrupándose algunas o todas ellas.
  1. La actividad de gestión administrativa de una entidad externa no supondrá que se le ha encomendado la organización de la formación.
  1. Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar su voluntad de reservar el crédito del ejercicio en curso para acumularlo hasta el crédito de los dos ejercicios siguientes. Y las de menos de 100 trabajadores podrán agruparse con criterios territoriales o sectoriales a fin de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de formación.
  1. Las empresas que cuentan con 1 a 5 trabajadores estarán exentas de la obligación de financiar la formación de sus trabajadores (el RD Ley estableció un 5%).
  1. Las Administraciones públicas podrán desarrollar acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, y garantizarán la posibilidad de que un desempleado pueda participar en actividades de formación de CCAA distintas de aquella en la que esté empadronado.
  1. La inscripción en el registro de entidades de formación no será necesaria cuando la formación se imparta por empresas multinacionales a través de plataformas de tele formación residentes en el exterior.
  1. Se detallan las funciones a desarrollar por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
  1. Se detallan los límites en el número de miembros y composición del Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que hasta hora se remitían al Real Decreto 451/2012.
  1. En la promoción de las iniciativas para facilitar y generalizar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la formación de sus trabajadores, se introduce la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales representativas.
  1. Exclusivamente para el año 2015, se mantiene la posibilidad de destinar el 20% de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional para el empleo a trabajadores desempleados.
  1. Se establece expresamente la aplicación de la Ley a la CCAA del País Vasco conforme a la CE y a la normativa propia de dicha CCAA.
  1. Se regula el régimen transitorio derivado de las diferencias entre ambas normas.

Acerca de perezpozo

Un equipo de profesionales que sabe ponerse en tu lugar Nuestra experiencia nos dice que siempre es bueno contar con diferentes perspectivas y que la interacción mejora los procesos de trabajo. Por eso, desde 1987, trabajamos como un equipo pluridisciplinar en el que cada profesional sabe ponerse en el lugar de nuestros clientes. Entre nosotros hay abogados, economistas, graduados sociales, contables, asesores financieros, expertos en viabilidad empresarial, administradores de fincas, agentes de la propiedad… Juntos, formamos un equipo tan heterogéneo como eficaz y con cada especialidad sumamos ventajas para nuestros clientes de manera personalizada. Precisamente porque nos ponemos en tu lugar, sabemos proporcionarte justo aquello que necesitas. Lo que más te interesa. La solución más idónea. Y siempre, con la máxima optimización de recursos gracias a nuestra manera de trabajar.
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