La ocupación inconsentida

27-2-1_30032010154150En los últimos años, se vienen produciendo numerosos casos de ocupación inoconsentida de inmuebles, fenómeno que ha venido ampliándose y consolidándose desde los primeros supuestos surgidos como actitud reivindicativa de grupos de jóvenes y movimientos anti-sistema, se trata del denominado fenómeno  “okupa”, que contrasta con un parque importante de viviendas desocupadas

La ocupación inconsentida  de inmuebles además de la reivindicativa, se ha incrementado en los últimos tiempos, por personas que sufrieron una pérdida de su vivienda, en muchas ocasiones unida a la pérdida de ingresos y trabajo, por lo tanto esta segunda forma de ocupación, con “c” y no con “k”, viene dada por la necesidad económica y por la urgencia de no vivir en la calle.

Por lo tanto, podemos decir que actualmente la ocupación de viviendas o fincas, tiene origen diverso y variado y no tiene su origen en movimientos reivindicativos, que se produce por la combinación en el mismo momento temporal de la necesidad de vivienda y el exceso de inmuebles no comercializables.

En nuestro ordenamiento jurídico, el fenómeno de la ocupación, ha sido siempre una de las formas de acceder a la propiedad, cuando ésta ocupación fuese pacífica y prolongada en el tiempo, conocida como “prescripción adquisitiva”, y antes de 1995, no se regulaba como delito en nuestro código penal, salvo algunas excepciones.

Sin embargo, como consecuencia de la repercusión mediática que han tenido ciertos movimientos “okupas”, el legislador decidió tipificar estas conductas como delito, como solución para que los propietarios puedan recuperar sus propiedades y desalojar a los ocupantes de una forma efectiva.

Así, a partir de 1995,  se reguló en el art. 245 del Código penal el delito de ocupación de bienes inmuebles con violencia o intimidación en las personas.

Sin embargo, nuestro Código Civil  ha regulado las acciones civiles que tiene la propiedad contra el ocupante indeseado.

Analizaremos a continuación, las distintas opciones que tienen los propietarios para recuperar la posesión de sus inmuebles.

1)    En primer lugar, cuando nos encontramos ante una ocupación que se ha realizado en un plazo inferior a  24 horas (NOTA: dependiendo de la localidad, entre 24 -72 horas), si la propiedad puede acreditar que la finca no estaba abandonada, y que ha sido ocupada en el plazo indicado, puede personarse en cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos  de Seguridad del Estado (Mossos d´Esquadra, Policía,  Guardia), e interponer una denuncia. En este caso, el principal elemento a tener en cuenta es el tiempo, es sustancial una actuación rápida, que permitirá a la policía desalojar la vivienda, incluso sin orden judicial.

2)    En el caso de que el inmueble esté siendo ‘okupado’ en el momento en el que alguien avisa a las fuerzas de seguridad, éstas pueden actuar inmediatamente expulsando a los ‘okupas’ siempre y cuando no hayan cerrado la puerta. Si por el contrario consiguen acceder a la vivienda, se entiende que! la misma, constituye domicilio de los okupas, y en ese caso, únicamente podrán ser desalojados con orden judicial.

3)    Cuanto se ha sobrepasado el plazo de 24  horas referido, también existe la posibilidad de interponer denuncia ante dependencias policiales o bien en el Juzgado de Guardia, si bien, en este caso, no se producirá este desalojo inmediato.

No obstante la policía, si podrá entrar en la vivienda ocupada,  para recuperar los títulos de propiedad que estuvieran dentro del inmueble.

En este caso los okupas podrían cometer un delito de usurpación, cuando pretendan los ocupantes fijar su vivienda en ese inmueble, que está previsto y penado en el artículo  245 del Código Penal, que dispone que “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis me! ses”.

En este caso los ocupantes serían desalojados después de haberse dictado sentencia ordene el desalojo de la finca.

4)    Dejando de lado los procesos penales, en la vía civil, la propiedad puede ejercitar la acción de desahucio por precario.

Se permite en la Ley Procesal, y en el Código Civil, el desahucio del ocupante del inmueble cuando no paga renta ni merced, ni tiene contrato u otro título que le permita ocupar la finca, a solicitud de la propiedad.

5)     La administración pública puede recuperar de forma más fácil el bien, sin necesidad de recurrir a una decisión judicial, solicitando la actuación de la policía, siempre que se realice el desalojo ante! s de que transcurra un año  desde la ocupación, y que se comunique el desalojo a los ocupantes por escrito.

6)     Es frecuente que los “okupas” y los “ocupas” aleguen en juicio, tanto la necesidad de una vivienda y la falta de recursos económicos, como la dedicación del inmueble a la realización de actuaciones sociales! y culturales, que en ocasiones alargan en exceso los procedimientos.

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