El Gobierno aprueba un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y Portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de presnsa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el Proyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida tiene como objetivo “que haya igualdad y equidad de todos los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos y que no haya ciudadanos que eludan el pago de sus obligaciones fiscales”.

El plan, que fue presentado por el Ejecutivo el pasado 13 de abril, ataca los nichos de fraude fiscal y refuerza la seguridad jurídica y la capacidad de la Agencia Tributaria para evitar que “una vez detectado el fraude fiscal, el defraudador se vaya de rositas porque oculte sus bienes y no se le puedan embargar”, según ha señalado la vicepresidenta.

El texto aprobado hoy incorpora algunas de las recomendaciones realizadas por los expertos. Sáenz de Santamaría ha destacado que “tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España han avalado este plan”.

Principales medidas

No podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores  a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional, cifra que se eleva a 15.000 euros cuando se trate de no residentes. La vicepresidenta ha explicado que si las operaciones se efectúan entre dos particulares entre sí podrá superarse ese límite.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago en efectivo. Además, tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, si bien la parte que denuncie los hechos podrá eludir la sanción con Hacienda.

Todos los contribuyentes deberán informar a la Agencia Tributaria sobre las cuentas, valores e inmuebles que se tengan en el extranjero. Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que las ganancias patrimoniales no declaradas no prescribirán nunca y se imputarán al ejercicio económico del año en que se descubran.

Además, en este caso, la vicepresidenta ha aclarado que los contribuyentes se enfrentarán una multa como mínimo de 10.000 euros que “se incrementará en 5.000 por cada dato no comunicado”.

El texto también recoge la exclusión del régimen de módulos de los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y a los que obtengan rendimientos por importe superior a 225.000 euros procedentes de otros empresarios o profesionales.

Más capacidad recaudatoria

La vicepresidenta del Gobierno ha resaltado que, para evitar que los contribuyentes escapen a sus obligaciones fiscales, si la Agencia Tributaria cree que un comportamiento puede ser constitutivo de delito podrá adoptar medidas cautelares para impedir “que el supuesto delincuente fiscal se desapodere de sus bienes” y, si es condenado, no tenga dinero con el que pagar.

Por otra parte, las sanciones para los ciudadanos que no colaboren u obstruyan las actuaciones de la inspección tributaria estarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 100.000 euros si no desarrollan actividades económicas, y de entre 3.000 y 600.000 euros si las desarrollan.

Para evitar fraudes en la declaración del IVA en las operaciones inmobiliarias, el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que se ha ingresado el IVA repercutido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que en “España se tiene que acabar el ’con IVA’ y el ’sin IVA’”. “El ’sin IVA’ nos perjudica a todos, a los que pagan, a los que cumplen sus obligaciones tributarias, a la Administración Tributaria. Y Hacienda no es que seamos todos, es que son nuestros servicios públicos, es nuestra educación y nuestra sanidad. Y el que va por la vida de ’sin IVA’ está defraudando a la sociedad en su conjunto”.

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