La amnistía fiscal permite el blanqueo de capitales pagando el 10% del dinero negro

El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, en vigor desde el sábado, contempla una serie de  medidas de carácter excepcional para favorecer la atracción de rentas y contribuir a la consolidación fiscal, entre las que se incluye una amnistía fiscal hasta el 30 de noviembre de 2012.

Cristóbal Montoro manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes que con el Real Decreto-ley 12/2012 el Gobierno trae nuevas medidas tributarias para sostener la recaudación y actúa en el Impuesto sobre Sociedades para frenar su caída: “No aumentamos el tipo formal de gravamen, nos limitamos a las deducciones y a la reforma del sistema de pagos fraccionados y actuamos para favorecer, a través de medidas excepcionales, que afloren las rentas no declaradas“.

El ministro señaló que “estamos ante la adopción de medidas de carácter extraordinario porque la situación es extraordinaria”. “Estamos ante una situación crítica a la que tenemos que responder con la adopción de medidas tributarias que recaben nuevos ingresos para garantizar los servicios públicos”. Y añadió: “estamos ante un ajuste muy duro que significa renunciar a muchos programas de gasto, pero que es la forma de equilibrar cuanto antes los Presupuestos, de hacerlo en coordinación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales”.

Según Montoro, la regularización fiscal del Real Decreto-ley 12/2012 “es necesaria porque es necesario traer más recursos a la Hacienda Pública y porque es necesario financiar los servicios públicos de nuestro país”.

¿Por qué se establece y en qué consiste la regularización fiscal?

La exposición de motivos del Real Decreto-Ley 12/2012 señala que el Gobierno “considera importante favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas”, por lo que se permiten “regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella”.

Según establece la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/202, los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas, podrán presentar una “declaración tributaria especial” con el objeto de “regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado” antes del 1 de abril de este año.

Esos contribuyentes deberán presentar la declaración tributaria especial e ingresar el 10% del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a regularizar, incorporando la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos. El cumplimiento de lo señalado “determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos“.

Están pendientes de aprobación por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el modelo de esta declaración tributaria especial, su lugar de presentación e ingreso.

Lo declarado por el contribuyente “tendrá la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 35/2006“, del IRPF y “en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades“.

Exoneración de responsabilidad penal

La calificación de esta regularización como una verdadera “amnistía fiscal” se debe a que a la exoneración de sanciones, intereses y recargos tributarios, se une la exoneración de responsabilidad penal para el contribuyente defraudador que regulariza su situación. Así, de acuerdo con el nuevo apartado 2 del artículo 180 de la Ley General Tributaria que introduce el Real Decreto-ley 12/2012 “la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal”.

Jueces y fiscales creen que copago disuadirá a muchos ciudadanos de recurrir

Asociaciones de jueces y fiscales señalaron ayer que el anteproyecto de ley que prevé una subida de las tasas judiciales puede tener un efecto disuasorio entre los ciudadanos para favorecer el atasco de la Justicia pero también puede evitar su acceso a los que tienen menos recursos económicos.

Así, en declaraciones a Efe el portavoz de Jueces para la Democracia (JdP), José Luis Ramírez, ha tachado de “muy negativo” el anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros.

La medida es elitista, tiene un claro afán recaudatorio y es totalmente injusta porque solo favorece a los que tienen más posibilidades de interponer un recurso”, ha dicho Ramírez para quien el efecto disuasorio que busca la iniciativa ya está cubierto con el pago de las costas judiciales.

Por el contrario, ha celebrado el establecimiento de tasas judiciales el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, al considerar que es “absolutamente injusto que todos los ciudadanos tengan que pagar el gasto por la utilización abusiva de la justicia por parte de otros”.

Llarena ha opinado que las tasas judiciales también deberían haberse establecido para la primera instancia, condicionadas a que la persona tenga posibilidades económicas para litigar y a que se impongan cuando la petición de justicia fuera injustificada.

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha expresado su oposición al copago en la segunda instancia al entender que es “excesivo” y “cuestiona la tutela judicial efectiva”.

Dolado ha destacado que la saturación de los tribunales no está en la segunda instancia donde se van a aplicar las tasas, sino en la primera, y ha estimado que el copago conseguirá que no recurran quienes tengan menos medios económicos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales (AF), Antonio Roma, ha señalado que aunque “hay que acabar con el abuso” en la Justicia, no es seguro que la nueva medida “pueda ir en esa dirección”, mientras que la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, ha dudado que sea la solución para descongestionar la Justicia y se ha preguntado qué destino tendrá esa nueva recaudación.

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Una respuesta a La amnistía fiscal permite el blanqueo de capitales pagando el 10% del dinero negro

  1. Anonymous We Are Legión dijo:

    Lo triste de todo esto, es que la amnistía fiscal es la mejor opcion en un mundo en el que el ladrón hizo la ley. Irlanda en vez de amnistia, lo llama “Impuesto de sociedades” y permite a piratas como Raynair que tengan gente trabajando en España, con contratos irlandeses donde solo paga el 10% de Impuesto de sociedades… Acabo de hablar con mi jefe sobre la idea de cambiar mi contrato de trabajo con 5 años de antigüedad, en uno de autonomo. Incrementaría mis ingresos mensuales en 350€, a cambio de no tener paro o jubilación. En 5 años hablamos de 12,000€ que podría tener en la cuenta y que el gobierno a malgastado. Visto el descontrol, prefiero no pagar y no esperar nada, a que luego se me quede la cara de imbecil de estar 35 años trabajando como un gilipollas, para que no tenga ni pension ni sanidad… Así que ellos constaten el fracaso social dando amnisitias fiscales, que yo me vulevo un falso autonomo y que paguen impuestos los “pringaos” de siempre

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